Los procedimientos administrativos requeridos para la silvicultura a menudo se perciben como excesivamente burocráticos y complejos, llegando a impedir que se dé una respuesta ágil a las oportunidades. Por ejemplo, todas las explotaciones madereras deben contar con un plan forestal aprobado. Gestores forestales consideran que éstos son de complicada elaboración y aprobación en la mayor parte de las regiones. La gestión forestal se regula y supervisa a nivel de Comunidad Autónoma, donde cada región cuenta con un Servicio Territorial de Montes. En algunas regiones, los procedimientos son más ágiles y los tiempos de respuesta más cortos, gracias a los servicios digitales. Es el caso de Galicia, que alberga el 60% de la producción de madera en España y, en menor medida, de Navarra y el País Vasco.